El proyecto de ley de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social ha puesto nuevamente sobre la mesa una discusión que Chile no puede seguir postergando: la necesidad de revisar su sistema tributario no solo desde la lógica de la recaudación, sino también desde su impacto en la inversión, el empleo formal, la certeza jurídica y el crecimiento de largo plazo.

Desde esa perspectiva, el debate que se abre merece ser abordado con altura de miras, rigor técnico y sentido de realidad. La política tributaria no puede analizarse como un conjunto de medidas aisladas ni como una simple suma de alzas o rebajas de impuestos. Debe evaluarse en función de su capacidad para generar desarrollo sostenible, fortalecer la base productiva del país y, al mismo tiempo, resguardar la responsabilidad fiscal.

El proyecto contiene propuestas de alto impacto. Entre ellas, la rebaja gradual del impuesto de primera categoría, el restablecimiento de la integración total del sistema tributario, la eliminación del impuesto a ciertas ganancias de capital bursátiles, incentivos al empleo formal y medidas transitorias para obtener recaudación extraordinaria, como la regularización de bienes en el extranjero y la tributación sustitutiva de utilidades acumuladas.

Algunas de estas medidas apuntan directamente a mejorar la competitividad tributaria de Chile. Ese objetivo no debe ser desestimado. En una economía abierta, que compite por capital, emprendimiento y proyectos de inversión, la estructura tributaria influye en las decisiones empresariales. La inversión no depende solo de la tasa de impuestos, por cierto, pero tampoco es razonable sostener que la tributación es irrelevante. Cuando el sistema se vuelve más caro, más complejo y más incierto, la inversión se posterga, se rediseña o simplemente se va a otros mercados.

Con todo, una mirada profesional exige reconocer que no basta con reducir impuestos para asegurar crecimiento. La experiencia comparada muestra que las reformas tributarias producen mejores resultados cuando vienen acompañadas de estabilidad regulatoria, eficiencia del gasto público, certeza jurídica y reglas claras para la actividad económica. Por eso, el verdadero desafío no está únicamente en rebajar tasas, sino en construir un sistema más simple, predecible y coherente.

También es relevante observar que el proyecto combina alivios tributarios permanentes con mecanismos extraordinarios de recaudación. Esa fórmula puede ser políticamente atractiva, pero requiere una revisión cuidadosa. Las medidas transitorias pueden ayudar a enfrentar urgencias fiscales o necesidades de reconstrucción, pero no reemplazan una estrategia estructural de fortalecimiento de las finanzas públicas. Si el Estado renuncia a ingresos permanentes, debe demostrar con claridad cómo compensará ese efecto en el mediano plazo, ya sea mediante mayor crecimiento, mejor fiscalización o un gasto más eficiente.

Desde nuestra perspectiva profesional, hay otro aspecto central que nos importa: la certeza tributaria. Chile necesita volver a ofrecer un marco normativo estable, comprensible y técnicamente consistente. Las reformas sucesivas, los cambios de criterio y la creciente complejidad normativa terminan afectando no solo a los grandes inversionistas, sino también a miles de pequeñas y medianas empresas que deben cumplir sus obligaciones en un entorno cada vez más difícil de interpretar. Un buen sistema tributario no es simplemente el que recauda; es aquel que permite cumplir, planificar e invertir con reglas claras.

Como Colegio de Contadores, creemos que esta discusión debe alejarse de las consignas. No se trata de defender una visión ideológica del Estado ni de suponer que toda rebaja tributaria es, por definición, virtuosa. Tampoco corresponde cerrar el debate bajo la premisa de que cualquier incentivo al crecimiento constituye un riesgo fiscal inaceptable. Lo que Chile necesita es equilibrio: un sistema que recaude lo necesario para financiar bienes públicos esenciales, pero que no asfixie la actividad formal, la inversión ni la capacidad de crear empleo.

La reconstrucción del país no será solo material. También debe ser institucional y económica. Y en ese proceso, la tributación cumple un rol decisivo. Esta es una oportunidad para corregir distorsiones, simplificar reglas y recuperar confianzas. Pero para que ello ocurra, el debate legislativo debe estar guiado por evidencia, prudencia y visión de largo plazo.

Hoy más que nunca, Chile necesita una conversación tributaria seria. Una que no piense solo en la próxima recaudación, sino también en el próximo ciclo de crecimiento.