La Operación Renta Año Tributario 2026 ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad que los profesionales contables conocemos desde hace muchos años: el cumplimiento tributario en Chile no depende solo de la responsabilidad del contribuyente ni del trabajo técnico de sus asesores, sino también de que la administración tributaria disponga de plataformas estables, oportunas y confiables.

Durante todo el mes abril, los contadores hemos debido enfrentar un proceso particularmente complejo. De acuerdo con el informe de incidencias levantado por los asociados de nuestra Región, entre el 13 y el 23 de abril se documentaron 75 reportes formales de fallas en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, incluyendo caídas del sistema, errores 502, problemas de validación, traspasos incompletos desde declaraciones juradas al Formulario 22, mensajes genéricos sin solución efectiva y diferencias en información precargada. El mismo informe advierte que seis de cada diez incidentes correspondieron a bloqueos totales de interfaz o falsos positivos de validación, concentrándose una parte importante de las fallas en los días más críticos del proceso.

Esto no es un problema menor ni una incomodidad operativa aislada. Cuando una Declaración Jurada aparece aceptada, pero la información no se traspasa correctamente al Formulario 22; cuando no se visualizan Pagos Provisionales Mensuales; cuando los registros de retiros presentan inconsistencias; o cuando el sistema simplemente queda “preparando el formulario” sin avanzar, el contador queda atrapado entre la obligación legal de cumplir y la imposibilidad técnica de hacerlo adecuadamente.

Por ello, el Colegio de Contadores solicitó formalmente al Servicio de Impuestos Internos una ampliación del plazo de la Operación Renta AT 2026, fundado en problemas transversales reportados por asociados de distintas regiones: caídas del sistema, lentitud, rechazos masivos, errores de traspaso de información, desaparición de declaraciones ya ingresadas y dificultades con declaraciones juradas relevantes, como las N° 1947 y 1948. En dicha presentación se señaló expresamente que no se pedía un privilegio, sino herramientas que funcionaran adecuadamente para cumplir con la ley.

Sin embargo, esa prórroga no fue autorizada. Y aquí surge el problema de fondo: si el proceso comienza formalmente el 1 de abril y vence el día 30, pero en la práctica resulta casi imposible operar con normalidad hasta prácticamente el día 15, el país pierde la mitad del plazo real de cumplimiento. Esa pérdida no la asume el sistema; la absorben los contribuyentes, los equipos contables, las oficinas profesionales y, finalmente, la certeza jurídica del proceso.

Lo más preocupante es que esta situación no es nueva. Año tras año, la Operación Renta se enfrenta a episodios de saturación, inconsistencias de información, lentitud y fallas de integración. Chile ha avanzado enormemente en digitalización tributaria, pero la digitalización no puede reducirse a trasladar obligaciones al contribuyente sin garantizar infraestructura tecnológica robusta, pruebas de estrés, canales de soporte efectivos y planes de contingencia reales.

También parece razonable abrir una discusión más estructural: el calendario de la Operación Renta. El Colegio de Contadores ha planteado reiteradamente que este proceso debiera realizarse en junio de cada año. No se trata de una petición caprichosa, sino de una medida de racionalidad administrativa. En otros países existen plazos más amplios o calendarios distintos. En Canadá, por ejemplo, los contribuyentes independientes tienen plazo hasta el 15 de junio para presentar su declaración anual. En Australia, el año tributario cierra el 30 de junio y, para declaraciones individuales autogestionadas, el plazo general se extiende hasta fines de octubre, lo que muestra que existen modelos que separan con mayor claridad el cierre anual, la preparación de información y la declaración final.

Chile debe mirar estas experiencias con seriedad. Concentrar en abril el cierre contable, la revisión de antecedentes, la corrección de declaraciones juradas, la interpretación de nuevas instrucciones, la atención de fiscalizaciones y la presentación del Formulario 22 genera una presión excesiva sobre el ecosistema tributario. Si además la plataforma presenta fallas recurrentes, el resultado es un proceso tensionado, ineficiente e injusto.

El cumplimiento tributario moderno exige corresponsabilidad. Los contadores debemos actuar con rigor técnico y ética profesional; los contribuyentes deben entregar información completa y oportuna; pero la administración también debe asegurar herramientas adecuadas, estables y disponibles. No basta con exigir cumplimiento si el propio sistema dificulta cumplir.

Por eso, hacemos un llamado a que las autoridades tomen carta en el asunto. La Operación Renta no puede seguir dependiendo de la resistencia de los profesionales contables ni de jornadas extendidas para compensar deficiencias tecnológicas. Se requiere inversión, planificación, modernización efectiva y una revisión seria del calendario tributario.

Cumplir con los impuestos es un deber. Facilitar ese cumplimiento también lo es.