La reciente Ley N° 21.713 publicada en el Diario Oficial el 24 de octubre de 2024, introduce el concepto de Sostenibilidad Tributaria como pilar de un nuevo pacto fiscal. Los principales objetivos son para fomentar la transparencia y la cooperación entre la administración tributaria y los contribuyentes, aún falta reglamentación detallada por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), lo que genera una profunda incertidumbre que afecta a todo el espectro empresarial, desde los grandes grupos económicos hasta las Pymes que son el motor de nuestra región de Magallanes.

La ley propone un cambio estratégico que busca transitar desde un modelo puramente fiscalizador a uno basado en la confianza y la cooperación mutua. Este cambio es fundamental, pues reconoce que la recaudación fiscal sostenible no se logra solo con la persecución del incumplimiento, sino incentivando un ecosistema de transparencia donde actuar correctamente sea más eficiente y seguro para las empresas.

En detalle la Ley N° 21.713, al incorpora el nuevo numeral 18 al artículo 8 del Código Tributario, donde se introduce la definición de Sostenibilidad Tributaria, concepto que la posterior Circular N°06 del 16 de enero de 2025 del SII instruye y explica con más detalle varias aspecto de esta nueva normativa tributaria.

La ley la define como vías para acreditar su alineación con este nuevo estándar que los contribuyentes dispondrán de dos mecanismos principales: Mediante una Certificación Anual, que es otorgada por empresas certificadoras independientes, las cuales deberán estar previamente inscritas en un registro especial administrado por el SII; y por otra parte, por Acuerdos de Cooperación, que son pactos que el SII podrá suscribir directamente con dos o más empresas del mismo grupo empresarial para promover la sostenibilidad, los cuales tendrán el mismo efecto que una certificación formal.

Es crucial subrayar que esta normativa es de aplicación general. La certificación es aplicable a todos quienes el Código Tributario define como «contribuyentes» en el N°5 de su artículo 8. Esto incluye a personas naturales, jurídicas y administradores de bienes, sin importar su tamaño, giro, antigüedad, domicilio o régimen tributario.

La Ley N° 21.713 ya se encuentra vigente desde el 1 de noviembre de 2024, pero existe una brecha crítica entre su vigencia teórica y la realidad práctica que enfrentan hoy los contribuyentes. A la fecha, el SII no ha emitido las resoluciones fundamentales que deben detallar dos aspectos cruciales, en primer lugar, el procedimiento exacto y los requisitos para obtener la certificación de sostenibilidad tributaria, y, en segundo lugar, los criterios y competencias que deben cumplir las empresas para inscribirse en el registro público de certificadoras.

Esta falta de certeza deja a las empresas en un estado de incertidumbre, obligadas a prepararse para cumplir con estándares aún desconocidos. Esta situación afecta especialmente a las Pymes con menos recursos para cancelar una asesoría, que forman el tejido productivo de regiones como la nuestra. La propia Circular N°06 del SII reconoce explícitamente la necesidad de dictar estas resoluciones futuras, lo que confirma que la normativa se encuentra en un estado de «proceso en desarrollo». Mientras estas reglas no se publiquen, el sistema no puede operar, contradiciendo el espíritu del «pacto fiscal por el crecimiento económico» que inspiró la ley.

Desde el Colegio de Contadores de Magallanes, como estrategia aconsejamos a todos los contribuyentes no esperar pasivamente la publicación de las normativas. Es fundamental iniciar desde ya un proceso de autoevaluación y preparación interna para alinear las operaciones con los principios de transparencia y cooperación que promueve la ley.

Por ello instamos a las empresas a iniciar de inmediato las siguientes acciones concretas, en primer lugar, a revisar sus procesos internos para evaluar todas las operaciones con potencial impacto tributario, donde se pueda identificar y mitigar riesgos antes de que se conviertan en contingencias, materializando el principio de cooperación proactiva. En segundo lugar, analizar cadenas de valor, para examinar las relaciones con trabajadores, proveedores y clientes, asegurando la trazabilidad de cada operación, lo que constituye la base de la transparencia que exige la nueva norma. Y en tercer lugar verificar los sistemas tecnológicos, que permita asegurar que los sistemas de contabilidad, facturación y registro de datos estén alineados con las exigencias de información y trazabilidad que la ley promueve.

En este nuevo escenario, el profesional contable trasciende su rol tradicional para convertirse en un actor principal de la estrategia de cumplimiento tributario, un socio indispensable para navegar la complejidad y transformar la obligación en una ventaja competitiva.

La reforma de Sostenibilidad Tributaria presenta una visión moderna y colaborativa con la administración tributaria, desde el Colegio de Contadores de Magallanes, hacemos un llamado a las empresas de la Región de Magallanes a prepararse y asesorarse por profesionales idóneos en estas materias, que sin duda dan un nuevo marco moderno a la normativa tributaria en nuestro país.