El panorama laboral chileno atraviesa una profunda reconfiguración, cuyos efectos se están consolidando entre 2024 y 2026. Estos cambios no son eventos aislados, sino los componentes de una nueva configuración en las relaciones entre empleadores y trabajadores. Este escenario exige estar informados especialmente las pequeñas y medianas empresas que son el motor de nuestra economía regional y nacional.

Lo primero que debemos considerar es el cambio en las remuneraciones que impacta directamente en la estructura de costos y la planificación financiera de todas las empresas. Desde el 1 de enero de 2026, el sueldo mínimo en Chile para trabajadores de 18 a 65 años subió a $539.000 brutos mensuales, según la Ley 21.751, este ajuste también eleva montos para menores de 18 y mayores de 65 años a $402.082, y para fines no remuneracionales a $347.434. Además, este reajuste impacta en otros beneficios como la asignación familiar y gratificaciones legales.

Otro de los aspectos a considerar en este año 2026, es la implementación gradual de la Ley de 40 horas, que no es un simple ajuste administrativo, es un cambio significativo en las operaciones de las empresas, que demanda planificación inmediata. La siguiente etapa de esta reforma está a la vuelta de la esquina, porque a partir del 26 de abril de este año, la jornada laboral máxima se reduce de 44 a 42 horas semanales, con una reducción final a 40 horas proyectada para 2028.

La formalización de esta reducción y su nueva distribución horaria para cada trabajador es una obligación legal ineludible. Desde una perspectiva práctica, la recomendación es clara: utilizar un anexo de contrato individual para cada trabajador. Si bien modificar el reglamento interno también es una opción, este camino es administrativamente más complejo, pues exige una publicación de 30 días, consultas con sindicatos y comités, y una validación posterior.

Es vital subrayar, basándonos en un dictamen reciente de la Dirección del Trabajo, que no es válido compensar la reducción de horas aumentando el tiempo de colación. La disminución debe ser efectiva en el tiempo de trabajo. La gestión del tiempo de colación, por ejemplo, tiene realidades distintas, desde la hora estándar en Santiago hasta prácticas regionales como en Punta Arenas, donde la doble jornada es la costumbre. Cada empresa debe analizar su propia realidad operativa para convertir esta adaptación en una oportunidad para optimizar procesos y mejorar la productividad.

Las normativas más recientes marcan un cambio de paradigma, elevando la responsabilidad empresarial en la protección del bienestar físico y mental de sus equipos. Se trata de tres pilares que configuran la nueva responsabilidad ineludible del empleador:

 

1. Responsabilidad por el Ambiente Laboral (Ley Karin): Esta ley refuerza la obligación de una prevención proactiva del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. El reciente fallo judicial en Chillán sienta un precedente inequívoco: la falta de prevención acarrea severas indemnizaciones.
2. Responsabilidad por la Seguridad Física (Decreto 44): Esta normativa impone la obligación universal de capacitar a todos los trabajadores durante ocho horas en materias de prevención de riesgos cada dos años. Aplica «desde un trabajador hacia arriba» y tiene un plazo que se agota rápidamente.
3. Responsabilidad por el Tiempo Personal (Desconexión Digital): En el contexto del teletrabajo, se consolida el derecho a la desconexión digital de 12 horas continuas entre jornadas. Respetar esta frontera es un pilar fundamental del respeto al tiempo del trabajador en un mundo hiperconectado.

El panorama laboral actual presenta un triple desafío para las empresas chilenas: una mayor presión financiera por el alza de costos salariales, una creciente complejidad administrativa por la nueva jornada y una ineludible adaptación cultural y normativa en materia de seguridad y bienestar.

El mayor riesgo no son estos cambios, sino la inacción. Ignorar estas obligaciones puede derivar en sanciones severas. Si quiere comprender las consecuencias reales de no aplicar correctamente la normativa laboral, invitamos a los empresarios a consultar en línea el registro público de multas de la Dirección del Trabajo.

En este complejo escenario, el rol del contador trasciende a las materias solamente tributarias. Un profesional contable no solo planifica el impacto financiero de estas leyes, sino que actúa como un coordinador estratégico, comprendiendo sus límites y sabiendo cuándo es crucial incorporar asesoría legal especializada para proteger al negocio desde todos los frentes.

Desde el Colegio de Contadores de Magallanes, hacemos un llamado a los empresarios de nuestra región y de todo el país, para que busquen asesoría profesional, planifiquen con anticipación y actúen ahora. La sostenibilidad y el éxito de sus negocios en este nuevo entorno laboral dependen de ello.