Hace un par de días se dio a conocer en los medios de comunicación el caso de fraude que involucra a 80 trabajadores de la empresa CCU, quienes fueron desvinculados tras descubrirse el ilícito de haber solicitado en forma fraudulenta el seguro de cesantía, lamentablemente este no es un hecho aislado, sino que es el síntoma preocupante de una enfermedad que corroe los cimientos de nuestra convivencia social. Como Colegio de Contadores de Magallanes, observamos con la máxima inquietud cómo un mecanismo de protección social, diseñado para amparar a quienes enfrentan la vulnerabilidad del desempleo, ha sido deliberadamente manipulado.

Recordemos que el seguro de cesantía es un mecanismo estratégico de protección social, concebido para ofrecer un soporte económico y previsional a los trabajadores en uno de los momentos más vulnerables de su vida laboral. Su integridad no es un asunto menor, es una condición indispensable para la estabilidad y la cohesión social de nuestro país. Cuando este sistema se ve comprometido, no solo se afecta a un individuo, sino que se debilita el pacto de solidaridad que nos une como sociedad.

El sistema opera sobre una estructura dual que combina el ahorro individual con la solidaridad colectiva, financiado con el 3% de la remuneración imponible del trabajador. Por un lado, la Cuenta Individual de Cesantía (CIC), que pertenece a cada trabajador, se nutre de aportes que varían según el contrato: en uno indefinido, el 0,6% es aportado por el trabajador y el 1,6% por el empleador; en uno a plazo fijo, el empleador aporta el 2,8%. Por otro lado, el Fondo de Cesantía Solidario (FCS), un fondo común financiado por empleadores y el Estado, actúa como complemento cuando los ahorros individuales no son suficientes. Este diseño mixto busca garantizar una red de seguridad robusta y sostenible para todos los afiliados.

Más allá del pago mensual, el Seguro de Cesantía ofrece una red de protección integral que a menudo pasa desapercibida. Entre sus beneficios más importantes se encuentran: 1) Cobertura de Salud: Mantiene el acceso a las prestaciones de salud a través de Fonasa mientras se reciben los pagos del seguro. 2) Protección Previsional: A través del Seguro de Lagunas Previsionales, se continúan realizando las cotizaciones a la cuenta individual de AFP del trabajador, evitando vacíos en su historial de jubilación. 3) Propiedad y Rentabilidad: Los fondos acumulados en la Cuenta Individual son de propiedad del trabajador, obtienen rentabilidad y, en caso de fallecimiento, son heredables por sus beneficiarios.

El «modus operandi» detectado revela una secuencia de actos deliberados y coordinados, ejecutados con el único fin de obtener un beneficio económico indebido, para ello se realizaron varios pasos que se realizaron en forma secuencial, en primer lugar, los involucrados crearon y presentaron cartas de despido falsificadas, utilizando fraudulentamente la causal de «necesidades de la empresa» para simular un término de contrato que nunca ocurrió. Posteriormente, haciendo uso de su Clave Única personal e intransferible, firmaron una declaración jurada en el sitio web de la Dirección del Trabajo para validar digitalmente el falso término de la relación laboral. Finalmente, con los documentos falsos y la declaración jurada, procedieron a solicitar el cobro del seguro a través de la plataforma en línea de la AFC, consumando así el engaño.

Desde la perspectiva de nuestra profesión contable, el punto más alarmante del caso es, sin duda, la figura del supuesto «contador» que habría facilitado el fraude. En nombre del Colegio de Contadores de Magallanes, condenamos de la manera más enérgica y categórica estas prácticas. Debemos ser inequívocos: un delincuente que se esconde detrás de un título para defraudar al Estado y a la sociedad no es un contador. Un contador público es un profesional regido por un estricto código de ética, un garante de la fe pública y un pilar de la transparencia. Lo que vemos en este caso es la antítesis de nuestros valores y principios.

El fraude al Seguro de Cesantía no es un delito menor ni una simple «viveza». Es un ataque directo a un sistema de seguridad social solidario, un abuso flagrante de la confianza pública y una malversación de recursos que, en última instancia, perjudica a todos los trabajadores afiliados que sí cumplen la ley y que necesitarán de estos fondos en momentos de real necesidad.